A un año de las próximas elecciones y con un partido xenófobo al alza en todas las encuestas, Alemania quiere ponérselo más difícil a los ciudadanos europeos que aspiren a beneficiarse de su sistema social. El proyecto de ley aprobado el miércoles por el Gobierno afecta a los parados procedentes de la UE que no hayan cotizado. El Ejecutivo establece una estancia mínima en el país de cinco años para aquellos que quieran solicitar unas ayudas a las que los desempleados autóctonos sí tienen derecho. Se quiere evitar así a los escasos ciudadanos comunitarios que viajan a Alemania tan solo para beneficiarse de su Estado del bienestar. La reforma, aprobada en plena ofensiva del Gobierno británico contra los trabajadores extranjeros, ha sido criticada por la oposición de izquierdistas y ecologistas y por los sindicatos, que la consideran inconstitucional por negar los medios mínimos que aseguran una existencia digna.
La ministra socialdemócrata Andrea Nahles, ella misma antigua sindicalista y ahora máxima impulsora de la reforma, responde así al veredicto del Tribunal Federal de la Seguridad Social que fijaba en seis meses la estancia mínima necesaria para acceder a las ayudas sociales alemanas. El Gobierno amplía ahora este plazo hasta los cinco años. El Tribunal de Justicia de la UE había abierto la puerta en 2014 al dictaminar que Alemania podía excluir de ciertas ayudas a los parados que no buscaran empleo.
“Quien vive, trabaja y paga sus cotizaciones aquí, tiene derecho a las prestaciones sociales. Pero quien nunca ha trabajado y depende de las ayudas públicas, debe solicitar estas prestaciones en su país de origen”, se justifica Nahles. Con esta medida, la ministra tranquiliza a los municipios, responsables de pagar estas ayudas y temerosos de que la factura de los parados europeos creciera en el futuro.
16.700 españoles reciben ayudas sociales en Alemania, pero no todos ellos perderán el derecho
Pese a las justificaciones técnicas del Gobierno, es innegable la lectura política de esta reforma. Nahles, una política antes situada en el ala izquierda de su partido, recibe ahora las alabanzas de los socialcristianos bávaros de la CSU, siempre dispuestos a proponer medidas que hagan la vida más difícil a los inmigrantes. Y, pese a que ella misma reconozca que el endurecimiento de la norma afectará a muy pocas personas, apunta en la misma dirección que el partido derechista antiinmigración AfD, que siempre repite que Alemania no puede pagar el bienestar del resto del mundo. Nahles, una política con grandes aspiraciones de futuro, conjuga la jugada con la publicación este mismo miércoles de un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung en el que aboga por el establecimiento de unos mínimos estándares sociales para todos los ciudadanos de la UE.
El Gobierno no aporta cifras concretas, pero asegura que esta reforma afectará a pocas personas. 450.000 europeos –un 12% de todos los que viven en Alemania- cobran ahora prestaciones sociales, pero esta cifra incluye también a trabajadores cuyos bajos ingresos les permiten solicitar la prestación, que no se verán afectados. Encabezan la lista polacos, búlgaros, italianos, rumanos y griegos. Los españoles, con 16.700 beneficiarios, ocupan el sexto puesto. Cuando el Parlamento dé el visto bueno a la reforma, que cuenta con el apoyo de socialdemócratas y democristianos, a lo máximo a lo que podrán aspirar los parados europeos es a una mensualidad de ayuda de urgencia y a un préstamo para volver a su país.
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