La cifra que tienen que pagar los vecinos de Boadilla del Monte es superior a 8 millones de euros.
Cada vecino pagará alrededor de 130 euros por la condena impuesta al ayuntamiento de Boadilla gobernado por el Partido Popular
El Republic Space hace un roto en las arcas municipales del Ayuntamiento de Boadilla gobernado por el PP que van a pagar los vecinos de Boadilla con sus impuestos.
El PSOE de Boadilla y Más Madrid-Verdes Equo Boadilla han denunciado la mala gestión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el Partido Popular, que ha generado una deuda económica significativa con la empresa Republic Space.

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En el próximo pleno del 20 de diciembre, el Grupo Municipal Socialista pedirá explicaciones sobre el perjuicio económico de aproximadamente 8.448.000 euros debido a la negligente gestión del caso Republic Space.
El conflicto comenzó en 2018 cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid falló a favor de Republic Space, reconociendo su derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión. A pesar de varias apelaciones y solicitudes de aclaración por parte del Ayuntamiento, la sentencia se mantuvo firme, obligando al Ayuntamiento a compensar a Republic Space por las pérdidas económicas sufridas desde 2015.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfonso Castillo, ha criticado duramente al equipo de gobierno del PP por no aceptar una resolución del contrato en 2015 a un coste mucho menor y por no recurrir la sentencia antes de que fuera firme. Castillo ha exigido explicaciones sobre quién asumirá la responsabilidad y cómo se pagará esta deuda, que representa un grave perjuicio económico para las arcas municipales y los vecinos de Boadilla.
Por otra parte, Marian Graña, concejala de Más Madrid-Verdes Equo Boadilla, ha sido muy crítica con la gestión del Ayuntamiento de Boadilla en el caso Republic Space. En sus declaraciones, Graña ha señalado que la negligencia del Ayuntamiento ha lastrado las cuentas municipales y ha demostrado un desprecio absoluto por la gestión eficiente de los recursos públicos. Según Graña, esta condena millonaria podría haberse evitado con una negociación responsable en 20152.
Más Madrid exige respuestas claras a preguntas esenciales como por qué no se recurrió la sentencia de 2018 y por qué no se previó en los presupuestos una partida para cubrir esta contingencia. Además, insisten en que los vecinos deben conocer el coste total que este proceso judicial tendrá para ello
Por su parte el PP se defiende alegando que han actuado conforme a la ley.


